Los ayuntamientos de Tarragona ingresan de IBI el doble que en la burbuja

El Impuesto de Recursos Inmuebles (IBI) se consolida como la base de parte importante de la financiación de los municipios. Los capital por la contribución alcanzaron en 2022 un número récord en los consistorios tarraconenses. En el último año, los ayuntamientos han vuelto a llevar a cabo caja con este tributo sólido, que jamás falla, y que es la piedra angular de la financiación local.

De esta manera lo reflejan las estadísticas que termina de realizar públicas la Dirección General del Catastro, un organismo que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Las 184 localidades de la provincia ingresaron el año pasado 327,6 millones de euros del IBI urbano. Si a esa cantidad se agregan los 8,2 millones del rústico, el apunte se eleva a los 335,8 millones, el doble con relación a los años de la burbuja inmobiliaria. Los datos corroboran ese mito habitual que protege que, suceda lo que suceda, el recibo de la contribución siempre y en todo momento sube. Pues si hay un tributo que jamás ha popular la burbuja inmobiliaria (y su posterior estallido), ese es el IBI, la salvación y la pequeña bonita de los municipios y, además de esto, un tributo que grava al dueño y del que resulta irrealizable librarse.

Esa cantidad de 2022 sobrepasa en mucho más de un millón a la de 2021 pero dispara los registros en relación a aquel boom del ladrillo. En 2006, primer año con registros del Catastro, los municipios consiguieron unos capital de 167,1 millones, alejadísimos de estos cómputos mucho más recientes.

Tarragona es la provincia número 11 de toda España con una mayor recaudación por este término, en un top dirigido por La capital de españa, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante. El IBI es un impuesto que se cuela de forma regular en el enfrentamiento público y político, en medio de promesas o avisos de rebajas para esta figura impositiva que grava la pura propiedad de una casa, un local o un estacionamiento.

Los tarraconenses abonan una media de prácticamente 400 euros en la contribución. Es, de media, la sexta provincia donde mucho más IBI se abona por vivienda, según estas últimas estadísticas del Catastro. Las consecutivas revisiones catastrales a las que se han acogido los municipios fueron claves en ese aumento, tal como la regularización catastral iniciada por el Gobierno en 2013 y terminada en 2018.

Clave para las cuentas locales

Las ciudades mucho más enormes son las que tienen mucho más recibos y, por consiguiente, una mayor recaudación. En Tarragona, los capital en 2022 subieron a 49 millones y en Reus rozaron los 40, superando a El Vendrell (22), Calafell (19,9), Salou (17,8) o Cambrils (17,1).

Otros datos de Hacienda indican la relevancia que tiene este impuesto para las cuentas locales. De los 1.209 millones de euros en capital que tuvieron los municipios tarraconenses el año pasado, mucho más de 370, el 30%, fueron en término de contribución, según los capitales sin consolidar. En 2006, el IBI suponía solamente el 19% del total de capital colectados, en otro ejemplo mucho más de de qué forma este tributo se convirtió en vital para los consistorios.

Atendamos a 2021, último año liquidado según los cálculos de Hacienda. La recaudación líquida del IBI, sumando el urbano, el rústico y el de especificaciones particulares, se enfiló a los 340 millones en la provincia. Suponen el 74% de lo que se siente por todos y cada uno de los impuestos directos y un 31% del global de capital que llegan a las cuentas municipales.

Existen varios componentes que influyen en este aumento popularizado. Uno es la revisión en alza de los valores catastrales, que es algo tal como el ‘precio’ que la administración entrega a cada inmueble en función de criterios como el coste de ejecución, la ubicación o nuestra coyuntura económica.

Manuel Sosa, letrado y especialista inmobiliario, enseña que «el importe del IBI es dependiente esencialmente de 2 componentes, el valor el valor catastral que se asigna al inmueble por un organismo tributario ligado del Ministerio de Hacienda como es el Catastro (urbano y rústico) y del municipio que fija el tipo impositivo en todos y cada ayuntamiento, según lo que desee recaudar o gravar a los dueños».

Hacienda participa

Sosa remarca que es difícil escapar de los efectos del IBI. «Está apoyado en los recursos raíces y también inamovibles, que es imposible deslocalizar. No se los tienen la posibilidad de llevar ni desplazar de lugar como otros recursos, por poner un ejemplo recursos muebles, como automóviles», señala Sosa. El resultado de ello es «un impuesto muy permanente y recaudatorio para los municipios, que se paga en mucho más del 90% de su padrón de hoy».

El aumento de la recaudación en los últimos tiempos se enseña, en parte, por las consecutivas revalorizaciones catastrales de los inmuebles. «El Ministerio de Hacienda, a solicitud de los municipios, ahora se ha solicitado de ‘actualizar’ esos valores catastrales, que son la base asimismo para otros muchos impuestos, como sucesiones, herencias o transmisiones», cuenta Sosa: «El grifo o la válvula de presión, el incremento del importe final a abonar, está en el tipo impositivo que se aplica sobre el valor catastral. Ese tipo es dependiente de cada municipio, según desee recaudar aproximadamente».

El valor catastral medio del inmueble en Tarragona fué medrando en los últimos tiempos hasta situarse en los 46.600 euros. Esas revalorizaciones a golpe de ‘catastrazo’ fueron recurrentes en los últimos ejercicios.

Por consiguiente, Sosa descubre que «el IBI no baja jamás y hasta determinado punto es comprensible, pero los municipios no cesan de aumentar sus costos fijos y por este motivo el importe de la contribución no baja». Asimismo fué el procedimiento mucho más utilizado para el saneamiento a lo largo de una década de unos municipios muy maltrechos a nivel económico. En el marco normativo tan encorsetado de las entidades locales, entre las escasas herramientas para tener una alguna soberanía fué acrecentar capital y en ello no hay impuesto mucho más simple que el IBI, aun a costa de la ciudadanía. Asimismo influye, en el incremento, el aumento del censo de inmuebles.

La contribución fué, ya que, un asidero para los consistorios, en medio de una disputa de la financiación, juzgada por varios como deficiente en el momento en que cada vez se aceptan mucho más servicios. Asimismo permitió realizar los deberes. Hacienda termina de dar a conocer la estadística de la deuda bancaria. A fines de 2022, los municipios tarraconenses debían 410 millones a las entidades financieras. En 2013 se superaban los 1.000.

Un impuesto para el dueño que perjudica asimismo al inquilino

Por definición el Impuesto de Recursos Inmuebles es asumido siempre y en todo momento por el dueño. No obstante, hay una afectación, si bien sea indirecta, sobre el inquilino de una casa de alquiler. «Fué un aspecto mucho más de las subidas de los alquileres en los últimos tiempos», apunta el letrado Manuel Sosa. «Más allá de que la basura, por poner un ejemplo, es una tasa que se puede derivar al inquilino, el IBI va al cargo del dueño. Lo paga él, pero en los contratos se refleja frecuentemente que los incrementos que se experimenten se van a poder tener repercusión», añade Sosa. Esto es, si al arrendador le sube la factura de la contribución, él va a hacer lo propio con la renta del alquiler para cuadrar las cuentas.

Y en ello asimismo tienen relación las reformas que se hacen en inmuebles y inmuebles. Son asimismo componentes de unas actualizaciones catastrales que terminan subiendo los valores y, en último caso, el recibo. «Por medio de licencias de proyectos, por poner un ejemplo, al rehabilitar una testera, Hacienda, que está en contacto con los municipios, te tienen la posibilidad de subir el valor catastral», añade Sosa. El Ministerio ha realizado en los últimos tiempos campañas profundas y muy concretas para realizar declarar creaciones o ampliaciones que continuaban escondes al fisco.

Ciertos ejemplos son viviendas de campo transformadas en chalets, guardes con un nuevo empleo comercial, fincas familiares con vivienda agregada levantada al costado, balsas de riego reconvertidas en piscina, una ampliación de la vivienda para ganar metros al patio trasero o, en la localidad, un ático con una terraza clausurada para agregar otra habitación. Todo ello fué engrosando la recaudación.

Recargos de hasta el 150% del IBI a los pisos vacíos

La contribución es un impuesto utilizado en los últimos tiempos por las gestiones para combatir contra los pisos sin habitar y que, por consiguiente, están fuera del mercado. En este momento la Ley de Vivienda, aprobada últimamente en el Congreso, se aúna a esa práctica. Autoriza a los municipios a utilizar un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI a los dueños de casas que se queden vacías mucho más de un par de años.

La novedosa regla establece un aumento del recargo en la actualidad ubicado en el 50% de la cuota líquida del IBI hasta un máximo del 150%, «dependiendo de la duración de la desocupación y del número de casas asimismo desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal», según reza esta legislación.